Gestión Municipal
Este viernes un Tribunal de la parroquia Carayaca practicó una inspección judicial en el Cementerio “Jardín Memorial Caribe” ubicado en terrenos municipales en el sector La Esperanza (Carayaca), con el fin de que se revise el contrato de concesión otorgado durante el gobierno anterior.
Por instrucciones del alcalde Alexis Toledo, con base a sus facultades y en resguardando los intereses del municipio se solicitó la actuación de un tribunal que iniciará un proceso de revisión de la concesión, lo cual nos permitirá tener clara visión para la decisión que finalmente tome el alcalde, explicó Álfrides Castillo, Coordinador del Gabinete Municipal.
La jueza del Tribunal de Parroquia con jurisdicción en Carayaca Belkys Araque, en compañía de la Síndica del Municipio, María Teresa Santos Smith, el Consultor Jurídico de la Alcaldía de Vargas, José Antonio López, y otros directores del gabinete municipal hicieron una inspección en las trece terrazas que integran el camposanto.
Francisco Javier Fernández, presidente de la empresa Jardín Memorial Caribe C.A, quien recibió la notificación con anterioridad, acompañó al tribunal y a las autoridades de la Alcaldía durante la inspección.
El Consultor Jurídico de la Alcaldía explicó que la concesión fue otorgada por el alcalde de turno a la empresa Jardín Memorial Caribe en el año 1993 y en el año 2003, en la administración del alcalde Barrios, fue renovada a diez años más.
En ese año 2003 se promulgó la Ordenanza sobre Cementerios y Servicios Funerarios, que en el capítulo segundo contiene las obligaciones que debería cumplir la concesionaria en lo que respecta al mantenimiento de las terrazas, sistema de riego, el servicio de transporte a los usuarios los fines de semana, los terrenos a desarrollar, los tributos y porcentaje a cancelar al municipio por venta de fosas, entre otras condiciones económicas.
Francisco Fernández, presidente de la concesionaria explicó que “de las 90 hectáreas se han intervenido 45 que están distribuidas en trece terrazas con capacidad para 48.000 difuntos, de las cuales están ocupadas aproximadamente 10.000”
La Síndica María Smith al ser consultada señaló “con este acto se apertura un procedimiento administrativo que implicará unas investigaciones y el concesionario ejercerá su derecho a la defensa, las partes presentarán pruebas, se emitirá un informe que el Alcalde evaluará y tomará una decisión”.